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martes, 4 de marzo de 2014

Indígenas, legislación y medios de comunicación



Cuando el indígena dejó de ser objeto de derecho para convertirse en sujeto comenzó a luchar por sus propios medios de comunicación…para enriquecer y desarrollar su cultura.

Zoila Juárez y Eduardo Suárez
La biodiversidad y riqueza multicultural que compone a México se convirtieron en una bendita maldición, pues a más de 500 años que inició la colonización de Mesoamérica por parte de los europeos, persisten “Las venas abiertas de América Latina”: la explotación y negación de los pueblos originarios continúa pese a que comenzaron a despertar de su letargo. Hay una enorme deuda con las culturas autóctonas.
Es América Latina la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha trasmutado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal se acumula en los lejanos centros de poder… (Galeano, 2003).
Las políticas expansionistas e integracionistas neoliberales intentan hacer de las diversas culturas alternas a la occidental, objetos folclóricos que hay que domesticar y homogeneizar para sumarlas al sistema “capitalista salvaje”, donde el dinero es el Dios que mueve el hambre de desarrollo tecnológico en la globalización.
Se olvida que la cultura no es un objeto inerte que se guarda en un museo, sino es como energía que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Los pueblos originarios o llamados indígenas son como cualquier ente que expresa vicios y virtudes, deseos y ambiciones y toda una cosmovisión de organización cultural, que no necesariamente está peleada con el desarrollo económico de las naciones.
Fue en el seno de la Organización Naciones Unidas (ONU) donde el desarrollo económico, todavía una idea general e insustanciada, adquirió un nuevo campo de preocupación al comenzar a hablarse de países subdesarrollados y problemas del subdesarrollo.
De aquí arranca lo que justamente se ha llamado ‘el escándalo del subdesarrollo’, que inunda con su presencia tanto las discusiones entre científicos sociales como los ridículos comentarios de proxenetas y antagónicos del status y traficantes de la política.
Este encuentro con el subdesarrollo ha significado simultáneamente diversas tomas de conciencia y posiciones contrapuestas, dictaminadas por la existencia de intereses policéntricos y antagónicos en las esferas nacional e internacional. (Baez, 1979).
Composición racial de México
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el país habitaban hasta el 2010, más de 112 millones 336 mil 538 mexicanos, de ellos 10 185 mil 60 eran indígenas, quienes representan más del 10 por ciento del total nacional.
Asimismo, siete de cada 100 personas mayores de 3 años de edad son hablantes de alguna de las 89 lenguas que sobreviven aún en México; pero sólo el 81 por ciento de ellos habla el castellano.
Es posible identificar situaciones contrastantes que nos indican las diferentes condiciones demográficas en que viven los pueblos indios de México. Por ejemplo… los zapotecos, que son más de 300 mil, ocupan territorios diferentes (la sierra, los valles centrales y el Istmo de Tehuantepec), hablan variantes dialectales cuyas formas más alejadas no son mutuamente inteligibles y presentan diferencias culturales muy acentuadas. (Bonfil, 1989).
La situación de privación generalizada que viven estas poblaciones deviene de la violación de los derechos humanos. Los Estados nación están estructurados para no tomar en cuenta las configuraciones étnicas preexistentes.
La negación del Otro es la negación de los derechos humanos; lo que se concretiza es la constante negación de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales de los grupos étnicos. (Stavenhagen, 1988).
Particularmente, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se respalda y reconoce a los pueblos indígenas en los artículos 1o; 2o; 18, 115.
En el artículo 2 se exalta la composición pluricultural de la nación sustentada por sus pueblos indígenas, a quienes se les reconoce su estancia en el territorio actual del país antes de la colonización y “que conservan sus propias instituciones sociales económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.
En este artículo, se pide el respeto de sus usos y costumbres, su libre determinación para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural; la preservación y enriquecimiento de sus lenguas, conocimientos y su cultura e identidad, así como la extensión de la red de comunicaciones que permita su integración y puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.
Sin embargo, la letra de la Constitución mexicana parece estar muerta en la realidad de estos pueblos, ya que los tres órdenes de gobierno siguen sin respetarlos y considerarlos para incidir en sus comunidades u territorios, al mandato de las leyes nacionales y acuerdos internacionales.  La lucha por el derecho de las diferencias como expesión de una nueva democracia es trascendental para el desarrollo social de los países pluriétnicos y pluriculturales de América. Pero la recuperación de la vida democrática no puede darse sin la participación de los pueblos étnicos reprimidos que lo integran y de los sectores populares de la nación. (Ordóñez, 2007).
Medios de comunicación les son negados a los indígenas
La Declaración de los derechos de los pueblos indígenas de la ONU en su artículo 16 habla del acceso y condiciones adecuadas para los medios indígenas, pero el Estado mexicano no ha generado políticas para los pueblos indígenas que respeten sus derechos a la información, la conexión a Internet y el libre acceso a los medios de comunicación.
Medios de comunicación y pueblos indígenas
Dentro del Pacto por México, que fue firmado por los tres principales partidos (PAN, PRD y PRI), se concretaron acuerdos sociales, económicos y políticos. El pacto detalla a través de 95 compromisos los temas de la agenda del cambio de gobierno.
Sin embargo, de los compromisos 37 al 45 abarcan los temas de radiodifusión que prevén consolidar los órganos reguladores, crear tribunales especiales, hacer del derecho de acceso a la banda ancha un derecho constitucional, crear una instancia responsable de la agenda digital, licitar nuevas cadenas nacionales de televisión abierta, obligar el must carry-must offer y adoptar medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos. (Villamil, 2013)
Estos compromisos no consideran dos puntos importantes: los medios de radiodifusión públicos y los medios comunitarios.
La reforma de telecomunicaciones, entre otras cosas, reduce obligaciones de los medios comerciales, lo cuales no son privados sino más bien concesionados; por primera vez se incorporan en los artículos 6 y 7 de la Constitución conceptos a favor de la libertad de expresión, la prohibición de “publicidad integrada” y también el acceso a nuevas tecnologías como derecho universal.
En las reformas en los artículos 27 y 28 se establece la creación de un organismo autónomo (Instituto Federal de Telecomunicaciones, Ifetel) que le quitará a la Federación la responsabilidad en el otorgamiento y refrendo de concesiones.
A diferencia de los beneficios que se otorgan sobre todo a las televisoras, advertimos que la radio y la televisión públicas, ciudadanas y comunitarias quedan relegadas, tanto por omisión como en lo incluido en las nuevas disposiciones de legislación, situación que va en contra de la pluralidad democrática y diversidad cultural. (Gómez García & Sosa Plata, 2013).
Por la ausencia de reconocimiento legal es complicado cuantificar los llamados medios comunitarios en México. De acuerdo con algunas estimaciones, existen más de un centenar de radios comunitarias o indígenas; la mayoría transmiten de manera ilegal.
Su supuesta ilegalidad ha llevado a la criminalización de estas radios. Incluso radios como Ñomndaa, La palabra del agua, en Xochistlahuaca, Guerrero; Tierra y Libertad, en Monterrey; radio purépecha Uékakua, en Michoacán; o Radio Totopo, en Juchitán, Oaxaca, entre otras, han sido reprimidas por agentes de los tres órdenes de gobierno.
A partir del año 2000, AMARC-México ha iniciado una batalla legal para gestionar permisos de transmisión. Entre 2004 y 2005, 11 emisoras de Jalisco, Oaxaca, Estado de México, Sonora, Michoacán y Veracruz obtuvieron permisos y en enero del 2010, otras 6 emisoras obtuvieron este permiso. (Calleja & Solís, 2005)
En total, según las cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de 2010, existen 20 radios comunitarias permisionadas.
Sin embargo, existen radios del gobierno llamadas “indigenistas”, las cuales a partir de la primera estación instalada hace más de 33 años, el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas (SRCI) ha crecido: actualmente está integrado por 20 radiodifusoras que operan en 15 estados de la República. Su cobertura abarca cerca de mil municipios habitados por 6 millones de personas pertenecientes a algún grupo étnico. (Del Val, Pérez, & Ramos, 2010).
Pero el marco regulatorio mexicano no reconoce los medios comunitarios. El debate sobre más reciente sobre la inclusión de las radios comunitarias ocurrió en 2011, cuando el Instituto Federal Electoral (IFE) propuso incorporar las radios comunitarias en su nuevo reglamento de radio y televisión; pero no se concretó. 
A pesar de la ausencia de reconocimiento jurídico, las radios comunitarias se han legalizado poco a poco por medio de la figura jurídica de permisionarias (Ley Federal de Radio y Televisión, Art. 13).
La  Alianza Regional por la Libre Expresión e Información presentó el pasado 3 de mayo el informe Artículo XIII que habla sobre la regulación de medios en 16 países hispanoamericanos. (Información, Alianza Regional por la libre expresión e información, 2013).
En este primer informe, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C., describió la situación que vive México, el cual es uno de los países con mayor concentración mediática en América Latina:
Por la ausencia de una figura jurídica reconocida, los medios comunitarios en México no cuentan con procedimientos y condiciones de acceso equitativo y no discriminatorio al espectro radioeléctrico.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA ha denunciado procesos complejos para obtener los permisionados y ha recomendado “el reconocimiento por parte del Estado mexicano de las radios comunitarias”. Esta recomendación sigue sin ser atendida.
Monopolios que enferman la democracia mexicana
Televisa y Televisión Azteca ocupan 62% de todas las frecuencias asignadas para televisión en México y 96% de las concesiones para televisión comercial. Cada una de estas empresas cuenta con dos canales nacionales, “caso singular en el ámbito internacional”. La televisora de la familia Azcárraga concentra 72% de la audiencia nacional.
En cuanto a radio, el 76% de las frecuencias de radios comerciales pertenece a 14 familias. Solo dos cadenas (Radiorama y Acir) controlan 30% de las emisoras comerciales del país.
Televisa domina también la televisión de paga, tiene el 95% del mercado de televisión vía satélite, a través de la empresa Sky, que tiene 1.7 millones de suscriptores y en la televisión por cable, es propietaria o accionista de Cablevisión, Cablemás y TVI, domina el 50% del Mercado.
El mercado mexicano de telecomunicaciones está dominado por una sola compañía (Telmex) que tiene 80% del mercado de telefonía fija y 70% del de telefonía móvil (Telcel).
Por lo visto, el panorama de los medios de comunicación en México es gris, pues el acaparamiento de este sector por pocas familias o consorcios estorba su socialización para la pluralidad de canales y contenidos para un verdadero ejercicio democrático que incluya a la mayoría de los mexicanos, tomando en cuenta a las minorías como lo son los pueblos originarios de México.
Si la reforma en materia de telecomunicaciones y la apertura tecnológica se concretara en dirección a la libre expresión de los pueblos indígenas, estaríamos ante un escenario de oportunidad para desarrollar nuevos canales comunicativos que refuercen las incipientes redes comunitarias que hasta el momento han sido acotadas en su quehacer.

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