- Recurren a la vía institucional y al Estado de derecho para defender su derecho a la autodeterminación y para hacer respetar sus derechos humanos.
- Argumentan la defensa de su territorio ancestral y su identidad cultural.
En las últimas semanas, pueblos de origen
nahuat de los estados de Puebla y Colima, interpusieron tres demandas de amparo
ante el Poder Judicial de la Federación, reclamando que sus derechos han sido
transgredidos por el Estado Mexicano, dado que la Secretaría de Economía
expidió títulos de concesión minera que afectan sus territorios ancestrales.
El 17 de marzo, el pueblo maseual que
habita los municipios de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonahuac, en el estado
de Puebla, interpuso su amparo y fue admitido por en el Juzgado Segundo de Distrito con sede en
la ciudad de Puebla. El pueblo nahuat de la comunidad de Zacualpan en Colima,
hizo lo propio ingresando su demanda el 24 de marzo, el cual fue admitido por el Juzgado Primero de Distrito con sede en la
ciudad de Colima. Este ciclo de amparos lo cerró la comunidad campesina de
Tecoltemic, ubicada en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, quién presentó su demanda el 7 de abril y fué
admitido por el Juzgado Cuarto de
Distrito con sede en la ciudad de Puebla.
Los tres juicios de amparo fueron
admitidos por el Poder Judicial de la Federación, otorgando la suspensión de
plano de las concesiones mineras a favor de los pueblos originarios. Esto es un
hecho de suma importancia, pues significa que mientras duren los trámites de
los juicios de amparo, las compañías que detentan las concesiones mineras no
podrán realizar actividades tendientes a la explotación. Estas acciones se suman a las que han sido
emprendidas con anterioridad por el pueblo wirrarika y el pueblo me´phaa,
quienes también han interpuesto demandas para defender su territorio de la
actividad minera.
La relevancia de estas acciones
jurídicas, reside en que ponen en evidencia la violencia estructural y
simbólica que se fomenta desde la legislación y la política pública en materia
minera. La Ley Minera actual ha sido el instrumento que posibilita la
expedición de los títulos de concesión, para el despojo de los territorios de
los pueblos en favor de las compañías mineras. Lo anterior constituye una
discriminación, violando con ello la Constitución Política y los acuerdos
internacionales que obligan al Estado mexicano a respetar los derechos humanos,
particularmente el derecho de los pueblos originarios y comunidades
equiparables a la autodeterminación y al control de los recursos naturales que sobre su
territorio han utilizado ancestralmente.
La minería es la industria que
históricamente más ha impactado de manera significativa los derechos humanos de
los pueblos originarios y comunidades equiparables, dando como resultado la
existencia de un patrón sistemático de violación de los derechos humanos. Uno
de sus efectos ha sido el despojo del territorio a los pueblos originarios de
América Latina. En los últimos años, los
avances tecnológicos han servido para desarrollar modelos de extracción mucho
más agresivos, como la minería a cielo abierto, que elevan los efectos
destructivos a niveles difíciles de imaginar.
Por ejemplo, la Red Mexicana de Afectados
por la Minería (REMA) ha documentado lo ocurrido en la comunidad de
Carrizalillo, Guerrero, presentándolo como un grave caso de lo que la minería
puede ocasionar. Carrizalillo es una comunidad totalmente ocupada por la
actividad minera pues sus tierras han sido destruidas. Ellos han identificado
particularmente a la compañía minera Goldcorp, la cual ocupa más del 85% del
territorio del ejido y lo poco que todavía no ha sido destruido, está
contaminado.
La REMA ha denunciado que los efectos a
la salud de la población son terribles y han convertido a las enfermedades
originadas por la minería en algo común. Según han señalado, muestreos
realizados revelan que hasta un 70% de la población presenta afectaciones,
todas las familias tienen un enfermo por la actividad minera y, en algunos
casos, la familia entera está enferma. Por otro lado, han alertado respecto de
que la actividad minera ha sido también un atrayente del crimen organizado. De
acuerdo con la REMA, a ocho años del ingreso de Carrizalillo al progreso
minero, su población vive un verdadero infierno, a tal grado que hace apenas
una semana prácticamente la mitad de las familias han tenido que salir de su
pueblo desplazadas por la violencia, los asesinatos y la extorsión del crimen
organizado.
Experiencias como éstas han motivado a otros pueblos a emprender la lucha por
mantener sus territorios libres de la
actividad minera, continuando con la trayectoria de lucha que en los últimos
cinco siglos les ha permitido mantener viva su identidad.
Históricamente, en México se ha hecho
caso omiso al hecho de que la diversidad biológica y cultural conviven
intrínsecamente dentro de un mismo espacio geográfico y han dado lugar a un
enorme patrimonio bicocultural. Además, el Estado mexicano por definición es un
Estado pluricultural de derecho, lo cual significa que la unidad del Estado
radica en la diversidad de los pueblos que lo conforman. Por tanto, las
autoridades están obligadas a garantizar el control cultural
de los pueblos sobre sus territorios y los recursos naturales que
tradicionalmente han utilizado.
Cabe señalar que tras las modificaciones
legales derivadas de la reforma energética se ha agravado la condición de
indefensión y vulnerabilidad de los pueblos indígenas y comunidades
equiparables, pues muchos de sus territorios han sido identificados para
desarrollar proyectos extractivos y otras actividades consideradas estratégicas
para el Estado, lo cual constituye un alto potencial de conflicto social en
diversas regiones del país.
Los pueblos refrendan su determinación
por defender su identidad, derechos y territorio, apostando por la organización
social y el ejercicio de los recursos
legales. A partir de actas de asambleas
indígenas, ciudadanas, municipales, agrarias y de estatutos comunitarios, algunos
pueblos han ejercido la libre determinación y autonomía, rechazando la
realización de proyectos mineros dentro de sus territorios. Es
indispensable que el paradigma de la minería en el país cambie, puesto que la
actual legislación y política pública transgrede el régimen de derechos humanos
que consagra la Constitución.
ATENTAMENTE
México D.F. a 24 de marzo de 2015
CONSEJO TIYAT TLALI, CONSEJO INDÍGENA POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO DE ZACUALPAN,
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA), CENTRO MEXICANO DE DERECHO
AMBIENTAL (CEMDA), FUNDAR
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