Los desplazados por la presa Picachos, en Sinaloa, están afectados por el
asesinato de su líder, pero sostienen que continuarán los proyectos
comunitarios comenzados por él.
México. “Claro que hay miedo. Intimida saber que
entraron a un periódico, pasaron varias puertas hasta la cabina de radio, con
total impunidad, llegaron hasta donde estaba, le quitaron la vida y se
retiraron tal como llegaron”, describeMaría José Osuna Gutiérrez, parte de la
organización de afectados por la presa Picachos. Sin embargo, los desplazados
continuarán el proyecto comunitario iniciado por Atilano Román Tirado,
asesinado a balazos el 11 de agosto mientras conducía su programa de radio.
El mensaje con el asesinato “no es sólo para nosotros, es para todo el
país”, sostiene la activista. “Está en peligro todo aquel que alza la voz para
clamar por sus derechos”.
Una vez impuesto el proyecto de la presa -inaugurada formalmente en
noviembre de 2012 por el entonces presidente Felipe Calderón-, los afectados de
los seis pueblos inundados, agricultores y ganaderos, comenzaron a exigir indemnizaciones conforme a
derecho y a poder tener participación dentro de actividades productivas en la
presa, con actividades turísticas y pesca. Atilano Román Tirado se constituyó
en el líder del grupo. “Él era la cabeza; tomaba decisiones pero tomando en cuenta a todos.
Ahora estamos sin él y necesitamos reorganizar todo para seguir peleando por lo
que nos corresponde”, señala Osuna Gutiérrez. En una próxima reunión, los
representantes de los pueblos discutirán el tema y revisarán la situación de
cada demanda. En este momento, “el trabajo paró, pero la comida se necesita
todos los días”.
Los afectados de la presa estaba
concentrados en sacar adelante sus actividades productivas, nuevas para ellos,
pues sustituyeron sus antiguas ocupaciones al ser inundadas sus tierras. El 4
de julio, solicitaron los permisos de pesca comercial. Relata la activista que
la gente quedó con hambre porque los permisos no llegaron a tiempo, por lo que
se realizaron manifestaciones para denunciar la situación, hasta que estos se
autorizaron en el mes de octubre.
La gente estaba contenta por lo permisos de pesca, “hasta que
lamentablemente sucedió esto. Fue un pánico y un dolor terrible; además ocurrió
en vivo, las personas escucharon cómo dispararon, los gritos, todo”, relata
María José Osuna. La gente dejó de pescar y fue a solidarizarse con la familia
de Atilano Román.
Historia represiva
Uno de los primeros golpes contra los afectados fue el 13 de julio del
2009 –en pleno plantón en la cortina de la presa para intentar evitar que
inundara sus pueblos-, cuando llegaron los granaderos a desalojarlos a base de
golpes y gases lacrimógenos. Los pobladores no pudieron evitar el avance del
agua.
En 2012 se realizó una marcha para exigir indemnizaciones y apoyos a
proyectos productivos, y agentes ministeriales de Sinaloa detuvieron a más de 150
afectados por la presa. El último en salir fue Atilano Román junto con otras
tres personas; pasaron 19 días presos por presuntos “ataques a las vías de
comunicación” y siguen sujetos a juicio.
“Ha sido una fuerte lucha con mucho desgaste, pero también hay mucha
unión y nos hemos levantado. Construimos un centro turístico para bien del
pueblo. Atilano Román estaba haciendo muy buen trabajo; era un hombre muy
fuerte de convicciones y creía que podíamos salir adelante con este proyecto
comunitario. Lamentablemente le quitan la vida, y aunque deja todo encaminado,
pues aún no tenemos todo esto”, relata la activista.
Ella recuerda que el líder sacrificó su vida y su familia. “Su trabajo
es que los demás tuvieran trabajo, que no hubiera violencia”, sostiene. Agrega
que él siempre luchó dentro del marco de la ley, a lo que la organización de
afectados dará continuidad “para que haya valido la pena tanto sacrificio”.
La activista llama a mantenerse unidos y “pelear con la frente en alto
por lo que nos corresponde”.
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