Boletín de Ejido de Cuichapa del Municipio de Cuichapa, Veracruz. -

"En el caso particular de la hidroeléctrica “El Naranjal”, la manipulación de información por parte de los representantes de la empresa y la aquiescencia del Estado en beneficio de ésta, han generado incertidumbre en las comunidades afectadas pues somos constantemente hostigados, intimidados y amenazados para obligarnos a vender nuestras tierras por un precio miserable que no tiene comparación con el lucro que obtendrán los empresarios del proyecto, que además traerá como consecuencia el desplazamiento forzado de cientos de familias, por afectar indudablemente nuestro estilo de vida al despojarnos de la tierra como nuestro medio de sustento."

Boletín a los medios de Ejido de Cuichapa del Municipio de Cuichapa, Veracruz. -
22 de abril del 2015.

A los afectados por la imposición de megaproyectos en Veracruz
A los medios de comunicación nacional y del extranjero
A los organismos defensores de los derechos humanos
A las organizaciones populares, democráticas e independientes
Al pueblo de México

En fechas recientes organizaciones de derechos humanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la reforma neoliberal energética, hoy hecha Ley, violenta de manera flagrante los derechos humanos de quienes se ven afectados por la imposición de proyectos hidroeléctricos, mineros, gasoductos, extracción de hidrocarburos, entre otros.


Un claro ejemplo de lo que se ha denunciado en el ámbito internacional somos los afectados por la imposición de la hidroeléctrica “El Naranjal” en el Municipio de Cuichapa, que denunciamos:


En el caso particular de la hidroeléctrica “El Naranjal”, la manipulación de información por parte de los representantes de la empresa y la aquiescencia del Estado en beneficio de ésta, han generado incertidumbre en las comunidades afectadas pues somos constantemente hostigados, intimidados y amenazados para obligarnos a vender nuestras tierras por un precio miserable que no tiene comparación con el lucro que obtendrán los empresarios del proyecto, que además traerá como consecuencia el desplazamiento forzado de cientos de familias, por afectar indudablemente nuestro estilo de vida al despojarnos de la tierra como nuestro medio de sustento.

Así por ejemplo, aprovechándose de las necesidades de la región, Isidro Javier Tobias de la Rosa, representante de la empresa promotora, ha realizado diversos contratos de arrendamiento, compra-venta y promesa de compra-venta con campesinos de la comunidad indígena de Zapoapita del municipio de Fortín de las Flores y Zapoapan del municipio de Ixtaczoquitlan. Contratos ventajosos en los cuales se establecen precios muy devaluados, respecto de los cuales haciendo la operación aritmética correspondiente, indican un costo de .40 centavos mensuales por metro cuadrado en arrendamiento, precisando que el total del precio es único y definitivo, e incluso al concretarse la compra-venta, este se señala como valor final. Compras de terreno que no corresponden al 70% del territorio necesario para la hidroeléctrica, como lo ha hecho creer la empresa.


Estas son algunas de las razones por las que el Ejido de Cuichapa solicitó la protección y justicia federal mediante juicio de amparo número 904/2014, radicado en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito del Séptimo Circuito con residencia en Córdoba, Veracruz. Amparo que fue resuelto el pasado cuatro de marzo de dos mil quince, decretando el sobreseimiento; esto es, que el Juez de Distrito no analizó las violaciones planteadas por considerar que no acreditamos interés legitimo, es decir, no acreditamos que dicho proyecto afecte nuestro territorio. Omite el juzgador considerar que, consta en el propio informe rendido por la Comisión Reguladora de Energía, una de las autoridades responsables por la emisión de la autorización para generación de energía eléctrica, las constancias en que se indica que la casa de maquinas del proyecto “el Naranjal” se instalará en predio de propiedad social perteneciente al Ejido Cuichapa. Resolución que hemos impugnado, por lo que exhortamos al Tribunal Colegiado en materia administrativa competente para resolver ponderando la protección de los derechos humanos y no en favor de los intereses de la oligarquía.


Si bien la empresa cuenta con una aprobación de manifestación de impacto ambiental y la autorización para la generación de energía eléctrica, NO es suficiente para la construcción del proyecto hidroeléctrico. Ya que estas fueron otorgadas de manera condicionada y además requiere acreditar que cuenta con la autorización para uso de aguas nacionales, el derecho de uso de suelo, propiedad y posesión del territorio, concesión para la ocupación de terrenos federales. Trámites con los que no cuenta hasta al momento. Cabe hacer mención que la aprobación de la MIA, ya no es vigente, por lo que todo permiso o licencia derivado de la misma resulta nulo.

De acuerdo a la información obtenida, nos queda claro que la hidroeléctrica “El Naranjal” es una empresa de la oligarquía trasnacional representada en la familia González Guajardo, cuyo patriarca es Claudio X. González Laporte, mismo que con Carlos Salinas de Gortari fue nombrado "asesor para asuntos empresariales" del mismo presidente de la República, cargo que ocupó durante todo el sexenio. En 2003 fue el principal cabildero para que el gobierno mexicano con Vicente Fox dieran su voto a favor en el Consejo de Seguridad de la ONU para la intervención militar de EEUU a Irak, esto a pesar de ir en contra de los principios del artículo 89 de nuestra Constitución. En 2009 fue uno de los principales promotores del cierre de Luz Y fuerza del Centro, fuente de empleo de miles de trabajadores del SME. Actualmente preside el Consejo de Administración de Kimberly Clark de México (en la misma empresa su hijo Pablo González Guajardo es el Director General) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), al que pertenecen directivos de Grupo Posadas, Industrias Peñoles, FEMSA, Alfa, Bachoco, Banamex, Bimbo, entre otras. González Laporte es o ha sido miembro de los consejos de administración de Grupo Carso, América Móvil, General Electric, Unilever, Home Depot, Kellogg’s Company, Televisa renuncio el año pasado por supuesto conflicto de interés, ya que su hijo Pablo González se unió al Comité Estratégico de América Movil.


Otros de sus hijos, Claudio X. González Guajardo, ex vicepresidente corporativo de Televisa, es Presidente de Mexicanos Primero, este personaje de la oligarquía incidió en la imposición de los lineamientos de la reforma neoliberal educativa hoy hecha ley. Coordinador de asesores de Luis Téllez durante la campaña presidencial de Ernesto Zedillo, en 1994, fue el jefe de unidad de prospectiva y proyectos especiales de la Presidencia. Junto a Fernando Landeros fundó organizaciones filantrópicas como Teletón, Lazos, México Unido y Únete. Como filántropo modelo, su ambición no tiene límites, en julio de 2004, el diputado Omar Ortega Álvarez denunció en tribuna la donación irregular de 44.7 millones de pesos que la Lotería Nacional hizo a la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación (Unete), una de las organizaciones que González Guajardo preside. Reconocido por las instituciones de los legionarios de Cristo, orden fundada por Marcial Maciel, acusado de abuso sexual a menores, en 2006 le dieron la Medalla Anáhuac en Educación, y seis años después el premio Impulsa al Emprendedor Social de 2012. Consejero de diversas asociaciones educativas de claro corte conservador, como la Fundación Carolina, formada por el Partido Popular español, dedicada a formar a las élites de la derecha de América Latina. En junio de 2011 llamó a cerrar las escuelas normales, según él “porque hay muchas muy mediocres y unas que son un hervidero de política y de grilla”; y advirtió: “Se va a requerir de mucha voluntad y de mucho valor y de que nos aguantemos la turbulencia, porque sin turbulencia no hay cambio”. El 12 de diciembre de 2011 fueron asesinados por la policía, en Chilpancingo, Guerrero, los jóvenes normalistas rurales de Ayotzinapa Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera, cuando defendían su escuela.


Otro vástago y además gerente de “El Naranjal”, es Guillermo X González Guajardo, quien tiene a su cargo una red de empresas dedicadas al sector energético, entre ellas Protama, S.A. de C.V, Agroetanol de Veracruz S.R.L. de C.V, Taller de Empresa, SC, por la texana TexMex Energy, y las mexicanas Energía Azteca X, Gasoducto de la Huasteca, Hidroeléctrica Moctezuma, Hidroeléctrica Moctezuma II, Hidroeléctrica Moctezuma III, Hidrorizaba (en sociedad con los municipios de Boca del Río y Rafael Delgado), Hidrorizaba II, Micase y el gasoducto Tamazunchale.


Parte de los socios en esta hidroeléctrica “El Naranjal” es: Joseph María Córdoba Montoya, quien en su momento como jefe de la Oficina de la Presidencia, fue el principal asesor y consejero de Carlos Salinas de Gortari en su sexenio. Para el 2013 se convirtió en asesor de Luis Tellez Kuenzler, Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Cordoba Montoya actualmente se mueve en los negocios de materia energética, por medio de la empresa Proveedora de Servicios de Energía, S.A. de C.V. de la cual es propietario, además ha estado asesorando y cabildeando en favor de empresas como Tractebel, la Sempra Energy, ésta última investigada en EEUU por corrupción y crimen organizado. No es de dudarse que resultará favorecido por la reforma neoliberal energética.


Como vemos, la imposición de la hidroeléctrica “El Naranjal” nada tiene que ver con beneficiar a las comunidades afectadas. Y sí mucho, con generar un lucrativo negocio de “autoabastecimiento” para sus socios: Guillermo Jesús González Guajardo, Crisoba Industrial s.a de c.v (con sede en San Martín Texmelucan, Puebla), kimberly clark y Joseph María Córdoba Montoya.


Las empresas de Guillermo González Guajardo son un claro ejemplo del negocio redondo de este puñado de explotadores que con la complacencia administrativa de gobiernos Federal y estatales, como en este caso con Javier Duarte, despojan violentamente por medio del engaño, hostigamiento e intimidación a los propietarios para que empresas del sector energético de la familia González Guajardo como TexMex Energy se dediquen a la importación de energía eléctrica (la cual venden a la CFE y a municipios como Saltillo, Coahuila, y Monclova, Sonora), y el resto de sus empresas tienen por objetivo la generación de energía eléctrica en México para “autoconsumo del sector privado”; aunque sus excedentes de producción son susceptibles de ser vendidos a la propia Comisión Federal de Electricidad.


Finalmente hacemos un llamado a todas las comunidades afectadas por la imposición de estos proyectos hidroeléctricos a iniciar un proceso de coordinación y alianzas con el objetivo de hacer valer nuestro derecho a la autodeterminación que como comunidades indígenas y campesinas tenemos; no dudamos que ante nuestra determinación de no vender nuestras propiedades se incrementen modalidades de violencia en contra de quienes nos estamos organizando para defender nuestros recursos sociambientales. Por ello, hacemos responsables a la familia González Guajardo, así como al Estado mexicano representado por Enrique Peña Nieto, Javier Duarte de Ochoa, de la integridad física, psicológica y moral de quienes exigimos la cancelación de la hidroeléctrica “El Naranjal”, así como de las personas solidarias con nuestras demandas.


Combativamente


¡Por la defensa de la tierra y los derechos del pueblos!


¡La tierra no se vende se trabaja y se defiende!


¡Por la unidad obrero campesino! ¡Venceremos!


Ejido de Cuichapa del Municipio de Cuichapa, Veracruz.


Colectivo “Defensa Verde Naturaleza para Siempre”


Timocepanotoke Noche Altepeme Macehualme, Unión de Todos los Pobres de la Sierra (TINAM)


Centro de Derechos Humanos y las Voces de Altas Montañas


Frente Democrático Oriental de México Emiliano zapata (FEDOMEZ)


Unión de Ejidatarios y Comuneros del Valle de Tuxpango (UECVT)


Comité de Acción Proletaria


Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RENDHH)


Red de defensa de los Derechos Humanos (RedDH)


Pueblos Unidos de la Cuencua de la Antigua por Ríos Libres (PLUCAR)


La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LA VIDA)


Unión de Residentes del Fraccionamiento de Puente Moreno URFRAPUM A.C. (Medellín)


Justicia y Conciencia Ciudadana A.C.


Pobladores A.C.


Alianza Internacional de Habitantes